LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19
Los presupuestos de la responsabilidad del Estado legislador, en sus tres modalidades, se encuentran regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre; si bien los requisitos y condiciones que en ella se prevén distan mucho de ser acordes con los principios del Derecho comunitario, sobre todo a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa de 28 de junio de 2022 y la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta responsabilidad del Estado legislador y sus presupuestos ha adquirido un papel protagonista en la gestión de las reclamaciones interpuestas, como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el COVID-19. En este trabajo, además de examinar los efectos de la citada Sentencia sobre nuestra legislación básica, se aborda si las medidas adoptadas en los Reales Decretos adoptados durante la pandemia sobrepasaron las garantías reconocidas en el Estado de Alarma y, finalmente, cómo todo este contexto normativo y jurisprudencial está jugando en las decisiones de nuestros tribunales a la hora de dar respuesta a las numerosas reclamaciones de responsabilidad patrimonial que han sido interpuestas, tras decretarse el Estado de Alarma.
The three types of legislature´s liability are regulated by Law 40/2015, of October 1; however, the requirements and conditions set forth therein are far from being in line with the principles of Community law, particularly in light of the judgment of the Court of Justice of the European Union of June 28, 2022, and the recent case law of the Supreme Court. This liability of the legislative State and its budgets has taken on a central role in the management of claims filed as a result of the restrictive measures adopted due to COVID-19. This paper, in addition to examining the effects of the aforementioned ruling on our basic legislation, addresses whether the measures adopted in the Royal Decrees during the pandemic exceeded the guarantees recognized in the State of Emergency and, finally, how this entire regulatory and jurisprudential context is affecting the decisions of our courts when responding to the numerous claims for financial liability that have been filed following the declaration of the State of Emergency.