LA LEY 3/2019, DE GARANTÍA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE EXTREMADURA, Y LA FUNCIÓN ASISTENCIAL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
Las diputaciones provinciales españolas están fuertemente cuestionadas por la ciudadanía, en una crisis de legitimidad democrática que podría paliarse mediante una reforma de su sistema de elección indirecta. En realidad, esta reforma electoral no es estrictamente imprescindible para el funcionamiento interno de las diputaciones provinciales. Sin embargo, lo que sí que es imprescindible para mantener la actual planta municipal española (¡de más de 8.000 ayuntamientos!) es reforzar la prestación de servicios locales directos a la ciudadanía por parte de las diputaciones provinciales. En este trabajo explicamos por qué, según nuestra experiencia profesional, es fundamental que nuestras diputaciones provinciales tengan este tipo de competencias materiales, si se quiere seguir el actual modelo español de ayuntamientos, la gran mayoría de los cuales no tienen capacidad económica ni de gestión para la prestación de determinados servicios mínimos municipales. Carece de sentido mantener las actuales competencias instrumentales de las diputaciones si mantenemos el modelo actual de micromunicipios, muy alejado del modelo vecino portugués. La Ley 3/2019, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, ha perdido una ocasión magnífica para profundizar en la senda de prestación provincial directa de servicios locales, tal y como están haciendo la gran mayoría de países de la Unión Europea.
Spanish provincial councils (or “diputaciones provinciales”) are subject to significant public criticism, amid a crisis of democratic legitimacy that could be mitigated by reforming their system of indirect election. In practice, such electoral reform is not strictly indispensable for the internal functioning of provincial councils. However, what is indispensable in order to preserve the current Spanish municipal structure (with more than 8,000 municipal councils!) is to strengthen the direct provision of local public services to citizens by provincial councils. In this paper we explain why, in our professional experience, it is essential that provincial councils hold these substantive powers if the current Spanish municipal model is to be maintained, given that the vast majority of municipalities lack the financial and managerial capacity to deliver certain minimum municipal services. It makes little sense to retain the current merely instrumental competences of provincial councils while maintaining the existing model of micro-municipalities, which is far removed from the neighbouring portuguese model. Extremadura’s Law 3/2019 on the Guarantee of Municipal Autonomy missed an excellent opportunity to further advance the direct, provincial-level provision of local services, in line with the approach adopted by the vast majority of European Union Member States.